2022: EL AÑO DE LA CRISIS ALIMENTARIA POR DISEÑO by Paloma Villagómez

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Aún no terminamos de hacer el recuento de los daños de la pandemia en la seguridad alimentaria y ya es necesario hablar de la nueva crisis alimentaria que irá tomando forma en los próximos meses.

El balance del comportamiento del sistema alimentario durante la contingencia es, por decir lo menos, mixto. Por un lado, si bien al principio se registraron problemas de distribución derivados del confinamiento, las restricciones a la movilidad de mercancías, la interrupción de flujos de abastecimiento y los contagios entre la población trabajadora del sector alimentario, las cadenas de abasto lograron restablecerse relativamente pronto y surgieron nuevas formas de distribución en circuitos locales que permitieron que, en general, no hubiera problemas generalizados y sostenidos de desabasto. Por otro lado, el panorama es menos optimista si se considera que la desactivación económica, el desempleo y la pérdida de ingresos dificultaron enormemente el acceso de la población con menos recursos a los alimentos, al mismo tiempo que quedaba evidenciado que el funcionamiento del sistema alimentario, al menos en su base, dependía de trabajo precarizado, mal remunerado y expuesto a riesgos sanitarios, propios y ajenos a la pandemia.

Ilustración: Adriana Quezada
Ilustración: Adriana Quezada

La recolección de evidencia sobre las desigualdades que cortan transversalmente al sistema alimentario, desde la producción hasta el consumo, planteó un escenario propicio para la reflexión crítica sobre su funcionamiento. En ésas estábamos cuando, entre el último trimestre de 2021 y el primero de 2022, el aumento de la inflación comenzó a mezclarse con la cuarta ola de contagio y el costo de la canasta básica alimentaria, que en nuestro país se ubica desde la crisis de 2008 por arriba del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), aumentó a niveles históricos. Los principales productos afectados son las proteínas de origen animal, los cereales, las frutas y verduras; es decir, la base de dietas variadas, nutritivas y suficientes. El supuesto de que “comer bien es más barato” está absolutamente quebrantado y las voces que han insistido en esta premisa para centrar la malnutrición en las malas elecciones individuales se ha vuelto francamente ofensivo. En mi propia investigación, los testimonios de las familias, en voz de las madres, principales cuidadoras alimentarias de los hogares, minimizaban desde noviembre del año pasado las vicisitudes de la pandemia frente al reto que plantean los precios de los alimentos en un contexto en el que la recuperación económica está sostenida por trabajo insuficientemente remunerado.

A pesar de su importancia, durante la emergencia sanitaria la seguridad alimentaria de los hogares pareció ser una prioridad difusa en las estrategias de protección o amortiguamiento de los gobiernos, que desplegaron, en el mejor de los casos, seguros de desempleo o programas extraordinarios de transferencias monetarias que, destinadas a hogares o negocios, tenían el propósito de paliar la pérdida de ingresos derivada del confinamiento y el cierre de actividades económicas. Si bien la alimentación fue considerada una actividad esencial que permanecería disponible, y se supuso que las transferencias públicas apoyarían el acceso a alimentos, la inestabilidad e insuficiencia de los montos no compensaron la pérdida de ingresos y ciertamente tampoco evitaron que la solicitud de asistencia alimentaria en especie —al menos en países donde está organizada— aumentara considerablemente.

En nuestro país, como es sabido, la respuesta del gobierno se limitó al adelanto de la dispersión de transferencias monetarias de programas preexistentes y a la creación de créditos para (algunos) micronegocios. El apoyo a la alimentación en especie quedó en manos de iniciativas locales consistentes en despensas de no perecederos o la activación de comedores populares que, donde no existían antes como una medida institucionalizada, operaron de manera inestable y por poco tiempo. En este contexto, la incapacidad (o indisposición) de los gobiernos federal y locales para mantener prolongadamente los programas de entrega de almuerzos escolares durante el confinamiento, sumada a la reciente desaparición de espacios como las Escuelas de Tiempo Completo, son un duro golpe a la seguridad alimentaria de millones de menores. Fueron y siguen siendo las reacciones de la sociedad civil organizada, tanto desde los bancos de alimentos como desde pequeños colectivos, los que todavía mantienen sus esfuerzos por alimentar a la población con menos recursos.

En este escenario, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania está destinado a afectar dramáticamente la seguridad alimentaria de la población mundial y, de nuevo, serán los países peor ubicados en el mapa geopolítico mundial quienes sufrirán las consecuencias más graves. Ambos países son productores y exportadores de insumos estratégicos: después de la Unión Europea, Rusia es el país exportador más importante de trigo y Ucrania el cuarto; son, respectivamente, el primer y segundo exportador de aceite de semilla de girasol, y cuarto y tercer lugar en exportación de cebada y centeno. Además, Rusia es el mayor exportador de fertilizantes agroindustriales del mundo, seguido de cerca por Ucrania, mientras que los energéticos de la región abastecen cerca de 40 % de las necesidades de Europa Occidental. La guerra entre ambos países y las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y sus aliados a las importaciones, así como la interrupción de las exportaciones en los países en conflicto para equilibrar los mercados internos, ya comienzan a desestabilizar el acceso de países altamente dependientes de la producción de Rusia y Ucrania, en África del Norte, Asia y Oriente Medio.1

México no está exento de experimentar las consecuencias de este conflicto. El trigo es el segundo cereal más consumido en el país, después del maíz; representa 40 % del gasto en cereales en los hogares mexicanos y aporta 10 % de las calorías de la dieta. Si bien el país es autosuficiente en producción de trigo cristalino (utilizado predominantemente en la elaboración de pastas), 75 % del consumo de trigo harinero (necesario para la panificación) depende de importaciones. Por décadas el país ha dependido de la producción de Estados Unidos; sin embargo, durante el sexenio pasado, el excedente de trigo en Rusia le permitió ampliar las exportaciones de este grano a menor precio volviéndose una tercera opción para nuestro país, que en 2018 cuadriplicó las compras del cereal a la nación rusa e inició una especie de cortejo para el intercambio de otros alimentos como frutas y hortalizas, ganado bovino y hasta tequila.2 Así, en 2021 la importación de trigo aumentó 25 % respecto a 2020, cerca de 5 millones de toneladas. (En el mismo periodo la importación de frijol aumentó ¡cerca de 50 %!, pero ése es lamento de otro cantar). En cuanto a los fertilizantes, en 2020 México consumió cerca de 6 millones de toneladas, de las cuales la producción nacional sólo atendió 40 %. El resto fue cubierto por importaciones de las cuales cerca de 30 % provenían de Rusia y 16 % de China.

Es decir, México tiene varias y muy serias razones para estar preocupado por el desarrollo de una guerra que no muestra fácilmente las salidas: es poco probable que se levanten las sanciones económicas y el veto a las importaciones, o que, si esto llegara a suceder, ambos países alcanzaran los niveles de producción acostumbrados en presencia de conflicto. El margen de maniobra aún es difuso; parece inviable que otros países productores consigan compensar la demanda internacional en el corto plazo. Dada la cerrada interdependencia de los mercados globales, la situación podría agravarse si, como sucedió en 2008, las naciones deciden retener sus exportaciones para proteger el consumo interno, una reacción absolutamente racional, pero con efectos que no terminan ahí, en lo local, sino que afectan toda la cadena mundial de producción y abasto. Más importante aún: los productos en disputa están intrínsecamente relacionados: energéticos como el gas natural son necesarios para la elaboración de fertilizantes que, a su vez, se han vuelto necesarios para la producción de alimentos en los volúmenes y velocidades requeridos por el consumo global. De esta manera, por más que se quiera aumentar la producción interna de los cereales que no podrán comprarse a Rusia o Ucrania, sin fertilizantes será difícil hacerlo y tampoco será viable la fabricación de estos si los energéticos son escasos o extremadamente costosos.

¿Cómo llegamos aquí? Quizás el mundo no podía estar listo para una pandemia, pero ¿tampoco para algunas de sus consecuencias? ¿No podíamos esperar que los gobiernos estuvieran preparados para la posibilidad remota de experimentar disrupciones severas en las cadenas de abasto? Considerando la historia de la humanidad, ¿tampoco habríamos de estar preparados para las guerras? ¿No son éstas, en sus distintas formas e intensidades, un escenario suficientemente conocido como para anticipar algunos de sus efectos en el acceso a la comida? Si no es para alimentar, ¿para qué está organizado el sistema alimentario?

Buena parte de la literatura crítica sobre la economía política del sistema alimentario global ha insistido en que su diseño, fundamentalmente orientado hacia la acumulación de la riqueza, no sólo descuida la calidad de sus productos y procedimientos, sino que favorece la explotación del medio ambiente y de la fuerza de trabajo que lo mueve.3 Más aún, que su propósito mentado, permitir el sostenimiento de la vida, también estaría comprometido por la producción de alimentos que no sólo no nutren, sino que enferman, y cuyos efectos en la salud están desigualmente distribuidos.4

Este estado de las cosas, sin embargo, no es sólo una descripción del presente, sino el retrato de un proceso de largo aliento. Como concluyen Clapp y Moseley,5 las dificultades que el sistema alimentario experimentó durante la pandemia son el resultado de visiones particulares —gradualmente convergentes y dominantes— en torno a cómo resolver crisis anteriores. Desde las crisis alimentarias de los años sesenta y setenta, generadas por problemas climáticos entonces extraordinarios y precios de petróleo cuatriplicados, el paradigma de la intensificación de la producción como respuesta a la contingencia no ha hecho más que afianzarse i) acelerando y forzando los procesos agrícolas, ii) fragmentando cada vez más la cadena de abasto, iii) aumentando el grado de especialización (de técnicas, de cultivos, de fases del proceso agroindustrial), iv) dando más peso a la industria privada, v) corporativizando la agricultura y vi) condicionando el apoyo productivo a la liberalización del comercio. Aunque en cada crisis ocurrida desde entonces, la instrucción de gobiernos y mercado ha sido producir más y más eficientemente, e incluso brindar apoyos financieros y técnicos a países en desarrollo para, teóricamente, reforzar su autosuficiencia alimentaria, el paradigma productivista —más, más grande, más rápido— ha obstaculizado dicha autonomía, al inscribir a los países en redes de comercialización —y endeudamiento— que les vuelven enormemente dependientes, no sólo de insumos de producción, sino del propio alimento.

Estamos, pues, frente a un escenario de crisis por diseño. Nada aquí es producto de la contingencia, la casualidad o la sorpresa inherente al conflicto. Pudo preverse y sólo puede impedirse hacia el futuro si la seguridad alimentaria se inscribe seriamente en los sistemas de protección social de los Estados, al mismo nivel que otras necesidades básicas y otros riesgos sociales, como la salud. Ningún gobierno que se precie de considerar a la alimentación como un derecho puede permitir que la alimentación de las personas, incluso en momentos de crisis, siga dependiendo estrictamente de sistemas orientados a la riqueza, no a la vida.

Paloma Villagómez Ornelas
Socióloga. Doctora en Sociología por El Colegio de México. Profesora investigadora visitante en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Región Centro (CIDE-RC)

1 Ver: Unodostres y cuatro.

2 Al respecto, ver: aquí y aquí.

3 Holt-Giménez, E. A Foodie’s Guide to Capitalism. Understanding the Political Economy of What We Eat, 2017.

4 Rupa, M., y Patel, R. Inflamed: Deep Medicine and the Anatomy of Injustice, 2020.

5 Clapp, J., y Moseley, W. “This food crisis is different: COVID-19 and the fragility of the neoliberal food security order”, The Journal of Peasant Studies, (47)7, 2020, pp. 1393-1417.

Enlace: https://economia.nexos.com.mx/2022-el-ano-de-la-crisis-alimentaria-por-diseno/

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